Hace tres semanas, el Gobierno de España envió a Bruselas sus catastróficas previsiones económicas debidas al coronavirus. Una tormenta perfecta: un desplome dramático del PIB del 9,2% que destruirá dos millones de empleos y hará crecer la tasa de paro hasta el 19%. Una reducción del consumo privado que caerá en un 8,8%, una reducción de la inversión empresaria insólita: un 25,5%; y una reducción de las exportaciones del 27,1%. Un devastador desplome de la demanda agregada.

Paralelamente el gobierno prevé una inyección de ayudas de 139.000 millones de euros, de los cuales 29.000 millones serán desembolsos directos para los autónomos y los parados y 105.000 millones en líneas de avales a las empresas. La Administración prevé extender con ello la cobertura social al 31% de la población activa: 18.000 millones para financiar los ERTE y 4.000 millones la prestación por cese de la actividad de los autónomos.

Idéntico desplome se producirá desde el lado de los ingresos: la recaudación disminuirá en 25.700 millones: El impuesto sobre sociedades se hundirá un 9%, el IRPF un 2,4%, el IVA un 5,2%, los Impuestos Especiales un 6,7% y el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales un 37,9%...

Una Administración Tributaria que incumple la ley y el derecho, con impunidad y asistida de su potestad de autotutela, solo es compatible con el reconocimiento de un nuevo sujeto político: no aplica leyes, las produce y con ello devuelve a los ciudadanos a la condición de súbditos y vasallos que tenían en el antiguo régimen. Convertir a los destinatarios de órdenes de embargo en deudores es un claro ejemplo de absolutismo post-fiscal.

La semana pasada Fran Serantes en un inteligente post, comentaba que las órdenes de embargo son contra el patrimonio del deudor apremiado, no contra el patrimonio del destinatario de la orden, a quien se le tiene que indicar los bienes concretos y singulares que, pertenecientes al deudor y estando en poder del destinatario de la orden, se declaran embargados. Esa prohibición de la generalidad e inconcreción impide la orden de embargo contra bienes futuros, que no sean meras concreciones de derechos de tracto sucesivo, como los sueldos, que derivan del derecho al salario en el contrato de trabajo. Se trataba de un empresario que años después de recibir una orden de embargo contra una estación de ITV, llevó sus vehículos a renovar su permiso de circulación, cumpliendo así con la obligación legal impuesta por tráfico.

El gobierno afirma que en España hay margen para una subida del 6% en la presión fiscal. Pero el índice de Frank pondera la presión fiscal per cápita entre el PIB, de tal manera que el índice resultante es la razón entre la presión fiscal per cápita y la riqueza del país. Ese índice arroja conclusiones imprevistas: el índice de Frank aplicado a la población Extremeña es superior a la de Alemania o Finlandia.

Cuando mi hija Ana tenía nueve años, un amigo y cliente de mi despacho invitado a cenar le preguntó: “Sabes a que se dedica tu padre” y ella contestó tan pancha: “Mi padre es abogado del dinero”. Me pareció una respuesta genial para una niña adolescente, habida cuenta, además, que yo era un asesor fiscal de formación economista, que ni había empezado la carrera de derecho ni por consiguiente estaba entonces colegiado como abogado. Esa condición de abogados del dinero introduce un sesgo conservador en nuestra profesión, poco amiga de las subidas de impuestos. De ahí la alarma, quizás excesiva, con la que el mainstream en nuestra profesión ha reaccionado a los anuncios de la Moncloa.

No obstante tiene razón el gobierno cuando afirma que en relación a los países de la UE y de la Zona Euro hay un gap próximo al 6% del PIB...

La reciente Cumbre del Clima no contentó a nadie. A los jóvenes porque a ellos les tocará pechar con un futuro devastador. A los científicos porque consideran insuficientes los compromisos para garantizar la contención del calentamiento global por debajo de un punto de no retorno. A los economistas porque no nos salen las cuentas: no habiéndose aprobado la regulación de un mercado de bonos de carbono, la lucha contra el cambio climático queda fiada a los impuestos. Y los impuestos son incapaces de financiar una tarea titánica, como la descarbonización de la economía.

Los impuestos ya tienen suficiente con luchar contra la desigualdad y con financiar el estado del bienestar -tareas en la que están fracasando- como para asumir más retos. Y si no que se lo digan a los chalecos amarillos de Francia.

No digo que un impuesto real y directo sobre las emisiones de carbono no sea adecuado. Quien contamine que pague. Pero los impuestos reales tienen una capacidad recaudatoria limitada.

Una actuación administrativa a doble cara, siempre favorable a la Administración, pues se exige el importe de la cuota indebidamente repercutida sin proceder a la devolución de lo ingresado

El Tribunal Supremo ratifica y expande a cualquier tributo su doctrina, la que con fundamento en el principio de proscripción del enriquecimiento injustificado, obliga a la Administración regularizar aquellas obligaciones tributarias o hechos imponibles o incluso contribuyentes que, con motivo de la comprobación y liquidación de un tributo, resultan en cantidades a devolver por la Administración tributaria.

En sus recientes Sentencias recaídas en recursos de casación de fecha 13 de noviembre (Rec. Cas. 1675/2018), 25 de setiembre (Rec. Cas. 4786/2017) y 10 de octubre (Rec. Cas. 4809/2017 y 4153/2017), el Tribunal Supremo le manda un severo reproche a la Agencia Tributaria por su costumbre de regularizar las cuotas positivas (a ingresar) olvidándose de las negativas (a devolver) que resultan conexas con la regularización impuesta.

Los algoritmos del súper computador determinaron que la imagen contenía ‘violencia gráfica’ contraria a los protocolos de la plataforma

Hace quince días la Voz de Galicia se hacia eco con asombro de esta noticia. Un paisano de Ourense tenía por costumbre desde hace 5 años subir a su muro el primer cocido de temporada servido por su madre. La foto le fue borrada por los algoritmos de computación y matemáticos del servidor de Instagram. En la imagen se veía una fuente conteniendo verduras, patatas, garbanzos, carne de cerdo y, por desgracia para el fotógrafo, el inevitable chorizo que incluye un buen cocido gallego.

Quiso la providencia que ese mismo día leyese en Expansión otra crónica que llevaba por título: “Ofensiva de Hacienda con ‘big data’ contra el fraude de multinacionales”.  Y en un recuadro más abajo: “Los grandes patrimonios, los primeros bajo el foco”.

Decía la crónica que “Hacienda va a someter a las multinacionales a su poderosa herramienta de big data en su lucha contra la elusión fiscal de las grandes empresas. La Agencia Tributaria ultima la creación de un mapa de riesgos fiscales de las multinacionales que constará de 16 indicadores con el fin de luchar contra la erosión de bases imponibles en España y el traslado de beneficios a jurisdicciones de baja tributación.