En su importante Sentencia de 2/7/2020 (Cendoj nº 28079130022020100351) El TS, resolviendo sobre un recurso interpuesto por una SL transportista, que compartía vehículos, nave industrial y clientes con miembros de la unidad familiar del administrador, dados de alta en módulos, anula una liquidación tributaria al amparo de la recalificación del hecho imponible.

El Tribunal Supremo sienta que las facultades otorgadas por los artículos 13 (calificación), 15 (conflicto) y 16 (simulación) no son intercambiables.

Antes del advenimiento de la nueva realidad hubo un largo confinamiento de teletrabajo y muchas horas muertas dedicadas a la lectura. Entonces me zampé algunos números atrasados de Quincena Fiscal. En su número de diciembre de 2019, leí una reseña de jurisprudencia que me animó a escribir sobre la necesidad de ponerle coto a las facultades de (re)calificación otorgadas a la Administración por el artículo 13 de la Ley 58/2003: La STS de 17 de septiembre de 2019.

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La escueta nota de prensa del Tribunal General rezaba así “El Tribunal considera que la Comisión no demostró, en su línea de razonamiento alternativa, que las resoluciones fiscales impugnadas fueron el resultado de la discrecionalidad ejercida por las autoridades fiscales irlandesas y que, en consecuencia, ASI y AOE obtuvieron una ventaja selectiva”.

La prensa económica se ha hecho un precipitado harakiri, asumiendo que el Tribunal General ha hecho suyas las tesis frugalistas. Nada más lejos de la realidad: en los Autos se discutía la existencia de una ayuda de estado, y en modo alguno la conveniencia de una armonización fiscal.

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Para bien, soplan vientos de cambio en la Unión Europea. Hace un mes me refería al plantón de Italia, a la cumbre europea del 26 de marzo, donde exigía la creación de Coronabonos y Holanda adoptó una actitud repugnante según el Presidente de la República Portuguesa.

Tres semanas después Francia y Alemania han propuesto a sus socios una solución intermedia, la creación de un fondo de reconstrucción dotado con 750.000 millones de euros, de los cuales 500.000 millones serán subvenciones no reintegrables y 250.000 serán prestamos blandos. Ambas partidas se financiarán con deuda emitida por la propia Unión contra su presupuesto anual, que pasará del raquítico 1% del PIB europeo al 5,2%.

Más allá de la intensidad de la ayuda -España recibirá 75.000 millones de euros, aproximadamente el 6,5% de nuestro PIB, Italia recibirá 82.000 millones y Portugal 16.000 millones- lo resaltable es el abandono de la austeridad en política presupuestaria europea.

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Hace tres semanas, el Gobierno de España envió a Bruselas sus catastróficas previsiones económicas debidas al coronavirus. Una tormenta perfecta: un desplome dramático del PIB del 9,2% que destruirá dos millones de empleos y hará crecer la tasa de paro hasta el 19%. Una reducción del consumo privado que caerá en un 8,8%, una reducción de la inversión empresaria insólita: un 25,5%; y una reducción de las exportaciones del 27,1%. Un devastador desplome de la demanda agregada.

Paralelamente el gobierno prevé una inyección de ayudas de 139.000 millones de euros, de los cuales 29.000 millones serán desembolsos directos para los autónomos y los parados y 105.000 millones en líneas de avales a las empresas. La Administración prevé extender con ello la cobertura social al 31% de la población activa: 18.000 millones para financiar los ERTE y 4.000 millones la prestación por cese de la actividad de los autónomos.

Idéntico desplome se producirá desde el lado de los ingresos: la recaudación disminuirá en 25.700 millones: El impuesto sobre sociedades se hundirá un 9%, el IRPF un 2,4%, el IVA un 5,2%, los Impuestos Especiales un 6,7% y el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales un 37,9%...

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Una Administración Tributaria que incumple la ley y el derecho, con impunidad y asistida de su potestad de autotutela, solo es compatible con el reconocimiento de un nuevo sujeto político: no aplica leyes, las produce y con ello devuelve a los ciudadanos a la condición de súbditos y vasallos que tenían en el antiguo régimen. Convertir a los destinatarios de órdenes de embargo en deudores es un claro ejemplo de absolutismo post-fiscal.

La semana pasada Fran Serantes en un inteligente post, comentaba que las órdenes de embargo son contra el patrimonio del deudor apremiado, no contra el patrimonio del destinatario de la orden, a quien se le tiene que indicar los bienes concretos y singulares que, pertenecientes al deudor y estando en poder del destinatario de la orden, se declaran embargados. Esa prohibición de la generalidad e inconcreción impide la orden de embargo contra bienes futuros, que no sean meras concreciones de derechos de tracto sucesivo, como los sueldos, que derivan del derecho al salario en el contrato de trabajo. Se trataba de un empresario que años después de recibir una orden de embargo contra una estación de ITV, llevó sus vehículos a renovar su permiso de circulación, cumpliendo así con la obligación legal impuesta por tráfico.

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El gobierno afirma que en España hay margen para una subida del 6% en la presión fiscal. Pero el índice de Frank pondera la presión fiscal per cápita entre el PIB, de tal manera que el índice resultante es la razón entre la presión fiscal per cápita y la riqueza del país. Ese índice arroja conclusiones imprevistas: el índice de Frank aplicado a la población Extremeña es superior a la de Alemania o Finlandia.

Cuando mi hija Ana tenía nueve años, un amigo y cliente de mi despacho invitado a cenar le preguntó: “Sabes a que se dedica tu padre” y ella contestó tan pancha: “Mi padre es abogado del dinero”. Me pareció una respuesta genial para una niña adolescente, habida cuenta, además, que yo era un asesor fiscal de formación economista, que ni había empezado la carrera de derecho ni por consiguiente estaba entonces colegiado como abogado. Esa condición de abogados del dinero introduce un sesgo conservador en nuestra profesión, poco amiga de las subidas de impuestos. De ahí la alarma, quizás excesiva, con la que el mainstream en nuestra profesión ha reaccionado a los anuncios de la Moncloa.

No obstante tiene razón el gobierno cuando afirma que en relación a los países de la UE y de la Zona Euro hay un gap próximo al 6% del PIB...

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