La STC nº 182/2021, de 26 de octubre de la plusvalía rebasa límites hasta ahora nunca traspasados.

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional nº 182/2021, de fecha 26 de octubre de 2021, aún hoy sin publicar en el BOE, me ha hecho volver en el tiempo al Bachillerato, cuando la profesora de filosofía explicaba cómo le preocupaba a Platón el problema de la corrupción política, y citaba la máxima “quien vigila a los vigilantes”.

Al parecer la misma está falsamente atribuida a Platón ya que se observa por primera vez, escrita en otro contexto por el poeta romano Juvenal. En cualquier caso, aunque la frase “Quis custodiet ipsos custodes?”, no fuera de Platón es evidente que desde la Grecia clásica preocupa cómo controlar a los controladores, cómo vigilar a los vigilan, cómo hacer respetar las reglas del juego a los árbitros encargados de hacerlo.

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El tema del IVA y las subvenciones viene de lejos.

El primer “asalto” fue su inclusión en el denominador de la regla de la prorrata con independencia de que su destinatario realizara operaciones sin derecho a la deducción del impuesto.

Obviamente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) declaró tal dislate contrario a la Directiva Comunitaria, obligando al Reino de España a modificar su normativa.

El segundo “asalto” vino como consecuencia de actuaciones de comprobación de la AEAT en las que se consideró que determinadas subvenciones tenían la consideración de vinculadas al precio.

El criterio en el que aquella se apoyaba es la conocida Sentencia de la TJUE Le Rayon d’Or. 

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Sin duda el tema tributario del momento es la sentencia del Tribunal Constitucional, que fue aprobada por la mayoría del pleno el día 26 de octubre de 2021, en la que se declara la inconstitucionalidad del método de cuantificación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, popularmente conocido como Impuesto de Plusvalías.

La reciente aparición de la misma en la página web del Tribunal Constitucional (todavía no ha sido publicada en el BOE) nos brinda la oportunidad de hacer esta breve reseña. Breve por el formato del blog, no porque el tema no sea merecedor de extenderse más ampliamente, ya que plantea numerosas cuestiones no solo tributarias, sino constitucionales, e incluso procesales.

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Proscribiendo automatismos

Hace poco comentaba con un amigo gallego una sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano (la 1747/2021, recurso 731/2020, de 31/03/2021) que repasa, de manera elegante, cómo debe hacer las cosas la Agencia tributaria si quiere que la tomen en serio.

El asunto va de deducir un IVA. Y Hacienda dice no, pero no acabamos de alcanzar a saber por qué dice no. Por unas cosas o por otras, según en qué momento esté el procedimiento administrativo, pero no deja deducir.  Pero no expresa el por qué. Y si no te gusta lo que te dijo pues te dice otras cosas, como en la leyenda urbana que se le atribuye a Groucho Marx, estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros. Y esto no puede ser así. Por razones de seguridad jurídica, o como dice la sentencia porque ir modificando los motivos de una regularización tributaria según lo que diga el obligado tributario “supone incurrir en incongruencia, en vulneración de los propios actos y en una reprobable indefensión para el contribuyente”.

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A José María Criado del Rey Tremps
Asesor Fiscal
Con afecto y memoria

La Agencia Tributaria detecta un crecimiento de las bases imponibles de los impuestos superior al crecimiento de la economía: ¿mejora el cumplimiento voluntario de la ciudadanía y cae la economía sumergida en España? Y si es así ¿por qué ahora? ¿acaso la pandemia ha convencido a la ciudadanía que los impuestos son necesarios para sufragar lo público?

La crisis originada por la pandemia ha sido afrontada por las economías occidentales de manera opuesta a la crisis financiera originada en 2008. Si entonces se impusieron medidas de austeridad contra la deuda y el déficit, ahora se aplicaron políticas monetarias y fiscales de corte keynesiano, asumiendo como necesario dejar una deuda pública que habrá de ser deglutida por varias generaciones.

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Es recurrente el debate sobre las entradas domiciliarias por parte de la Administración tributaria. En él se cuestionan las entradas sorpresa y los motivos por los que la AEAT puede acceder a los domicilios constitucionalmente protegidos mediante el visto bueno de su conducta vía autorización judicial.

Hace un tiempo el Tribunal Supremo cortó las alas a estas entradas sorpresa con carácter masivo e impuso ciertos límites. En concreto, en su sentencia nº 1231/2020 de 1 de octubre, fijó la siguiente doctrina jurisprudencial:

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